El trabajo de cuidados es central porque constituye la condición material sin la cual ninguna otra forma de trabajo —remunerado o no, formal o informal— podría siquiera existir. Antes de que una trabajadora en domicilio cosa una prenda encargada por una empresa, o antes de que cualquier persona salga a vender su fuerza de trabajo al mercado, alguien tuvo que alimentarla, cuidarla enferma, criarla de niña, sostenerla de vieja. Ese trabajo de reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo es el que hace posible todo lo demás, y sin embargo el capitalismo lo trata sistemáticamente como si no existiera, como si fuera un recurso natural gratuito y no un trabajo con costo real en tiempo, energía y salud de quien lo realiza.
Esa invisibilización no es casual, cumple una función económica precisa. Si el cuidado tuviera que remunerarse a precio de mercado, el costo de reproducir la fuerza de trabajo subiría enormemente, y ese costo tendría que asumirlo alguien, ya sea el empleador a través de salarios más altos, o el Estado a través de servicios públicos de cuidado financiados con impuestos. Al descargar ese costo sobre el trabajo no remunerado de las mujeres dentro del hogar, tanto el capital como el Estado se ahorran esa transferencia, y la ganancia empresarial o el gasto fiscal quedan protegidos a costa del tiempo y la salud de quienes cuidan.
En las trabajadoras en domicilio esta contradicción se vuelve particularmente cruda porque el espacio de producción y el espacio de reproducción son literalmente el mismo lugar y muchas veces el mismo tiempo. Quien cose para una empresa subcontratante también está, en la misma jornada, cuidando niños, adultos mayores o enfermos, sin que ese trabajo de cuidado se reconozca ni se remunere, y sin que exista tampoco la separación que al menos formalmente protege a una trabajadora asalariada que sale de su casa a un lugar de trabajo distinto. Es una doble jornada superpuesta, no sucesiva, lo que la hace más agotadora y más difícil de organizar colectivamente.
Es importante no simplificar la salida a esto como si bastara con que las mujeres se organicen entre sí para repartirse el cuidado, por ejemplo mediante espacios comunes o turnos rotativos. Esa colectivización horizontal, cuando existe, alivia la carga entre quienes cuidan, pero no traslada el costo a quien efectivamente se beneficia de que esa fuerza de trabajo esté reproducida y disponible, sea la empresa que subcontrata, sea el hogar empleador, sea el Estado. El problema de fondo no es solo cómo se reparte el cuidado entre mujeres, sino quién asume su costo económico real, y ahí ni el mercado ni el Estado latinoamericano actual ofrecen, en general, mecanismos de compensación.
Para las trabajadoras por cuenta propia, insertas frecuentemente en economías de subsistencia, el problema es todavía más agudo, porque ni siquiera existe la posibilidad de una cooperativa o un arreglo colectivo de cuidado, el cuidado de hijos, adultos mayores o enfermos recae enteramente sobre ellas como una responsabilidad social que nadie más asume ni remunera.
Por eso el trabajo de cuidados no puede tratarse como un tema aparte de la lucha por derechos laborales y seguridad social, es su base material. Cualquier sistema de protección social que no incorpore el cuidado como trabajo con valor económico real, y que no obligue a empresas y Estado a asumir parte de ese costo, seguirá reproduciendo la misma lógica que hoy explota gratuitamente el tiempo de las mujeres para sostener un sistema productivo del cual ellas reciben la menor parte del beneficio.