La gobernanza importa porque es el terreno donde se decide si la organización reproduce, hacia adentro, las mismas relaciones de subordinación que combate hacia afuera, o si logra construir una forma colectiva de poder capaz de disputarle al capital y al Estado el reconocimiento y la protección que las trabajadoras en domicilio no tienen.
Esto no es un asunto meramente administrativo. Una organización de trabajadoras en domicilio agrupa a personas que, en su vida productiva cotidiana, están dispersas, aisladas en sus propios hogares, sin compañeras de trabajo físicamente presentes, sin la experiencia colectiva que naturalmente surge en una fábrica o una oficina. Esa dispersión, que es justamente una de las condiciones que el capital aprovecha para debilitar la capacidad de negociación de estas trabajadoras, solo puede revertirse si la organización logra construir artificialmente lo que el lugar de trabajo no genera de forma espontánea, es decir, un espacio real de deliberación, decisión y control colectivo. Si la gobernanza es débil, la organización termina replicando el aislamiento que dice combatir, con una dirigencia que decide sola y una base que sigue tan desconectada como lo estaba antes de afiliarse.
Hay además una tensión de clase interna que la gobernanza debe resolver explícitamente. Dentro del propio sector conviven subcontratadas, que dependen de un encargo externo, y trabajadoras por cuenta propia, que producen y comercializan de forma autónoma, con intereses inmediatos que no siempre coinciden. Una estructura de gobernanza que no dé representación real a ambas modalidades corre el riesgo de que la organización termine hablando en nombre de una sola, invisibilizando a la otra, tal como el mercado y el Estado ya invisibilizan al conjunto del sector frente al trabajo asalariado formal. La gobernanza democrática interna es lo que impide que la organización reproduzca, en pequeño, la misma jerarquía de reconocimiento que existe en la economía informal en su conjunto.
También está el problema de la sostenibilidad de la lucha en el tiempo. Las conquistas que este sector necesita, seguridad social adaptada a ingresos intermitentes, reconocimiento del trabajo de cuidados, regulación del trabajo subcontratado, no se ganan en una negociación puntual, sino en procesos largos de presión sobre Estados que, como ya se ha señalado, no siempre están dispuestos a asumir el costo político y fiscal de regular. Sostener esa presión exige una organización capaz de tomar decisiones, rendir cuentas, renovar liderazgos y mantener legitimidad interna durante años, no solo en el momento de una movilización puntual. Sin gobernanza sólida, la organización se vuelve vulnerable tanto a la cooptación por parte de actores externos como al desgaste y la fragmentación interna, dos formas distintas de perder la capacidad de disputa que se construyó con esfuerzo.
Por último, la gobernanza es también una cuestión de coherencia política. Una organización que exige al Estado y a las empresas transparencia, rendición de cuentas y reparto justo del poder de decisión, no puede sostener esa exigencia hacia afuera si no la practica hacia adentro. La legitimidad para negociar en nombre de miles de trabajadoras dispersas en distintos países, como ocurre con COTRADO ALAC en sus siete países miembros, depende en buena medida de que esa representación esté efectivamente construida desde abajo y no simplemente proclamada desde arriba.