América Latina atraviesa un momento crítico marcado por la ofensiva imperialista de Estados Unidos en el Caribe, con Donald Trump desplegando portaaviones y amenazando con intervenciones que buscan reafirmar la hegemonía norteamericana frente a la influencia de China y Rusia.
Esta militarización externa se combina con crisis internas en varios países, configurando un escenario de retroceso en derechos fundamentales para la clase trabajadora.
En Argentina, la aparente recuperación económica se ve condicionada por la presión del FMI y los mercados, con inflación persistente y ajustes que precarizan la vida del pueblo, agravados por el fracaso del préstamo de rescate prometido por Estados Unidos: un paquete de 20.000 millones de dólares archivado por los bancos, dejan al país sin el «alivio» esperado y a los trabajadores expuestos a más recortes.
En El Salvador, Bukele ha consolidado un régimen autoritario donde el estado de excepción se normaliza, suspendiendo derechos fundamentales, reprimiendo sindicatos y criminalizando la disidencia bajo el discurso de orden y eficiencia, convirtiendo al país en un laboratorio del autoritarismo regional.
En Ecuador, la crisis institucional se profundiza tras el fracaso del referéndum de Noboa y la persecución política contra opositores, con episodios como la invasión a la embajada de México que simbolizan el deterioro democrático y la violación del derecho internacional, mientras la violencia y el narcotráfico se utilizan como justificación para medidas represivas que no garantizan seguridad ni derechos.
En Perú, la inestabilidad política crónica —con seis presidentes en ocho años y un Congreso fragmentado— frena la inversión y mantiene a más del 70% de la población en la informalidad, condenando a la clase trabajadora a la precariedad y la inseguridad.
En Chile, las elecciones parlamentarias realizadas en 16 de noviembre pasado reflejan una polarización extrema y la consolidación de una hegemonía tripolar, con la izquierda progresista, la derecha liderada por Kast y un espacio populista disputando el futuro del país. El 14 de diciembre próximo se realizará la segunda vuelta electoral presidencial, estando en riesgo la continuidad del gobierno de centro izquierda de Boric, amenazada ante la eventual elección de la ultraderecha representada por josé Antonio Kast, quien ha anunciado severos recortes sociales que afectarán directamente a los sectores populares.
En Uruguay, el gobierno de Yamandú Orsi enfrenta un Parlamento sin mayorías absolutas y una economía desacelerada, con salarios reales estancados y tensiones fiscales que ponen en riesgo la capacidad de avanzar en reformas sociales, generando frustración en la clase trabajadora. El PIT-CNT ha denunciado que la situación económica uruguaya mantiene altos niveles de pobreza infantil y desigualdad, y ha propuesto aplicar un impuesto del 1% al patrimonio del sector más rico para financiar políticas sociales. Además, ha señalado que los salarios reales siguen estancados y que la recuperación económica no se traduce en mejoras para la clase trabajadora, quien tiene el desafío que estas demandas no queden atrapadas en el debate parlamentario, sino que se conviertan en bandera de lucha sindical y popular.
En Guatemala, el gobierno de Arévalo enfrenta un aparato judicial capturado por intereses corruptos, con persecución sistemática contra defensores de derechos humanos y sindicalistas, más de 100 exiliados en el último año y una clase trabajadora atrapada entre precariedad y represión.
En Colombia, el año preelectoral está marcado por la polarización entre Petro y Uribe, con una economía débil, violencia contra líderes sociales y una informalidad que supera el 60%, dejando a los trabajadores sin seguridad social ni estabilidad. Los sectores progresistas prometen ampliar derechos sociales, pero enfrentan resistencia institucional y económica, como lo han enfrentado otros gobiernos progresistas de la región que han debido enfrentar la presión de los EEUU. Por su parte el sector uribista, aliado de los EEUU, se enfoca en seguridad y el ajuste fiscal, lo que puede significar recortes sociales y precarización. Mientras que sectores independientes, ofrecen discursos de cambio, pero sin propuestas claras para los trabajadores.
La tarea militante es fortalecer la organización sindical y comunitaria, articular resistencias frente a la represión y exigir que las reformas no se diluyan en el juego electoral.
En Venezuela, pese al boicot de EE.UU. y las dificultades para recibir remesas, el país ha logrado contener la crisis alimentaria mediante producción nacional, reduciendo la dependencia de importaciones y generando una cierta normalización en espacios de consumo y recreación; sin embargo, los salarios siguen siendo insuficientes y la recuperación es desigual, sostenida por la economía popular y redes comunitarias más que por políticas estructurales.
En todos estos escenarios, los trabajadores en domicilio y los sectores de la economía popular son los más golpeados: costureras, artesanos, teletrabajadores precarios, vendedores ambulantes y cooperativas enfrentan precarización estructural, aislamiento organizativo y criminalización, con un impacto diferenciado sobre las mujeres que cargan con la doble explotación laboral y doméstica.
La clase trabajadora, en todas sus formas, enfrenta el mismo patrón: militarización y presión externa de un Estados Unidos en evidente decadencia, autoritarismo interno y ajustes económicos que buscan retroceder décadas en derechos conquistados. La respuesta no puede esperar soluciones desde arriba: debe surgir desde sindicatos, movimientos sociales, cooperativas y organizaciones comunitarias que articulen resistencia y construyan unidad regional.
Frente a portaaviones y misiles, préstamos fallidos y decretos autoritarios, la alternativa es la solidaridad internacionalista, feminista y popular, capaz de defender la democracia real, la soberanía y la justicia social. La historia nos recuerda que cada derecho fue fruto de la lucha, y hoy más que nunca la clase trabajadora debe levantar su voz y su organización para impedir que el futuro sea escrito por el imperialismo y las élites locales.