El monotributo, presentado en distintos países de América Latina como un mecanismo de “formalización” para pequeños contribuyentes y trabajadores independientes, se ha convertido en una herramienta que, lejos de garantizar derechos plenos, institucionaliza la precariedad y reproduce desigualdades.
En Uruguay, el régimen simplificado concentra aportes a la seguridad social y tributos en una sola cuota, pero los trabajadores denuncian que la cobertura es limitada, los beneficios previsionales reducidos y la cuota fija desproporcionada para quienes tienen ingresos muy bajos, generando malestar y abandono del sistema. El PIT-CNT denuncia que el monotributo, tal como está diseñado, institucionaliza la precariedad y reproduce las desigualdades dentro de la clase trabajadora. La formalización debe traducirse en derechos plenos, estabilidad y organización sindical. Para los trabajadores de la economía popular, el desafío es construir una alternativa que no los excluya, sino que los reconozca como protagonistas de la producción y la vida social.
En Argentina, el monotributo fue creado como alternativa para pequeños comerciantes y profesionales, pero se transformó en un mecanismo de segmentación: quienes están en el régimen general acceden a jubilaciones y salud más robustas, mientras los monotributistas quedan atrapados en escalas rígidas, con aumentos periódicos de la cuota que no consideran la realidad de la economía popular. Además, muchos trabajadores son forzados a inscribirse como monotributistas para encubrir relaciones laborales dependientes, lo que implica pérdida de derechos sindicales y estabilidad.
El gobierno de Milei, siguiendo recomendaciones del FMI, analiza eliminar el monotributo y trasladar a más de 3 millones de contribuyentes al régimen de autónomos. Las centrales sindicales advierten que esto sería aún más regresivo, aumentando la carga tributaria y reduciendo beneficios. Del mismo modo, la CGT ya declaró que la reforma laboral en curso “desatará la guerra” con el sindicalismo, porque busca flexibilizar contratos y debilitar la negociación colectiva
En Brasil, el modelo de “Simples Nacional” y el “MEI” (Microempreendedor Individual) buscó ampliar la formalización de millones de trabajadores informales, pero en la práctica consolidó un mercado laboral fragmentado: millones de microemprendedores con acceso parcial a seguridad social, sin negociación colectiva y con ingresos que dependen de la volatilidad del mercado. Si bien el MEI permitió que sectores populares accedieran a cierta cobertura, también generó una masa de trabajadores atomizados, sin capacidad de presión sindical y con beneficios muy inferiores a los del régimen general.
En los tres países, la experiencia demuestra que el monotributo funciona como una formalización parcial, otorgando un número de registro y cierta cobertura, pero no garantiza salarios dignos, estabilidad laboral ni derechos plenos.
Para la clase trabajadora, esto significa que la “formalización” se convierte en un mecanismo de disciplinamiento que descarga sobre los sectores más pobres un esquema tributario que no resuelve las desigualdades estructurales.
La economía popular y los trabajadores en domicilio —costureras, artesanos, vendedores ambulantes, teletrabajadores precarios— son los más afectados: se les exige pagar para “existir” en el sistema, pero se les niega el acceso a los mismos derechos que quienes están en el régimen general.
La lectura crítica es clara: el monotributo no es una solución, sino una institucionalización de la precariedad. La tarea militante es denunciar estas desigualdades y articular una propuesta alternativa que reconozca a la economía popular como parte integral de la clase trabajadora, con derechos plenos en seguridad social, salud, jubilación y organización sindical. En el fondo se trata de reconocer el trabajo en sus diversas expresiones, fuera de las categorias que establecen como formal el trabajo asalariado e informal al trabajo que se realiza fuera de la relación laboral con un empleador. Solo así la formalización dejará de ser un mecanismo de exclusión y se convertirá en una herramienta de justicia social. Se trata, por último, de asumir que en este orden social capitalista, ni siquiera el trabajo «formal» protege adecuadamente la dignidad y derechos de los trabajadores.