Hoy, jueves 26 de marzo de 2026, miles de estudiantes se movilizaron en el centro de Santiago para denunciar las políticas educativas del gobierno de José Antonio Kast. La concentración frente al ex Congreso Nacional, convocada por organizaciones secundarias y universitarias, expresó el rechazo a la limitación de la gratuidad, al recorte del presupuesto en educación y a la eliminación de programas de apoyo como Becas Chile. La protesta, acompañada de cacerolazos y lienzos, fue un acto de resistencia frente a medidas que los jóvenes consideran un retroceso en derechos fundamentales.
Lo ocurrido en Chile se inscribe en un contexto regional donde gobiernos conservadores y ultraderechistas han impulsado políticas regresivas en distintos ámbitos. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha promovido un ajuste radical que recorta programas sociales y debilita la educación pública, mientras flexibiliza las condiciones laborales en nombre de la “modernización”. En Ecuador, las políticas de austeridad y la represión de la protesta social han profundizado la desigualdad, afectando tanto a estudiantes como a trabajadores informales que sobreviven sin protección. En Perú, la inestabilidad política ha sido aprovechada por sectores conservadores para frenar reformas sociales y mantener un modelo económico que normaliza la precariedad laboral y educativa. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha consolidado un poder autoritario que, bajo el discurso de seguridad, restringe libertades civiles y debilita la organización social, dejando a amplios sectores sin voz ni garantías.
La precarización se convierte en el denominador común de estudiantes y trabajadores en toda la región. Los jóvenes que hoy marchan contra el endeudamiento y la exclusión educativa comparten la misma fragilidad que enfrentamos las trabajadoras y trabajadores en domicilio, recicladores, comerciantes callejeros, artistas autónomos, repartidores de plataformas y deportistas amateurs. La exclusión no es un accidente, sino el resultado de decisiones políticas que privilegian a unos pocos y marginan a las mayorías. La marcha de Santiago, en este sentido, es un recordatorio de que la defensa de la educación como derecho está íntimamente ligada a la defensa del trabajo digno y de la vida sin precariedad.
La pregunta que se abre es cómo transformar estas luchas dispersas en una fuerza común capaz de disputar el rumbo político de América Latina. La historia demuestra que los derechos nunca fueron regalados: se conquistaron en la calle, en la organización y en la solidaridad. La movilización estudiantil de hoy es un nuevo llamado a articular esa agenda común frente a la ola regresiva que amenaza derechos fundamentales en toda la región.