Protocolo contra el Acoso, Violencias de género y otras motivaciones

Introducción

Este protocolo es una herramienta de lucha en proceso de construcción colectiva, que debe debatirse en nuestras organizaciones para ser adoptada como un instrumento oficial de Prevención y acción contra las violencias de género y otras motivaciones. Por  lo tanto no debe entenderse aún como un instrumento oficial de COTRADO ALAC.

Las trabajadoras y trabajadores en domicilio enfrentan día a día formas de violencia que no son solo individuales, sino que se inscriben en una historia de exclusión, informalidad y discriminación sistemática hacia las mujeres, migrantes, afrodescendientes, indígenas y diversidades sexo-genéricas en América Latina y el Caribe.

Frente a ello, COTRADO-ALAC asume el compromiso activo de prevenir, atender y reparar cualquier situación de acoso, abuso, discriminación o vulneración de derechos, no como un acto burocrático, sino como un ejercicio de soberanía organizativa y autocuidado feminista.

Este protocolo busca:

Fortalecer prácticas de cuidado colectivo en nuestras organizaciones

Garantizar procedimientos claros, accesibles y seguros para actuar ante situaciones de violencia Promover una cultura organizativa basada en el respeto, la equidad y la transformación de las violencias estructurales

Las mujeres No estamos solas. No callamos más. Nos cuidamos entre todas.

Las personas LGBT decimos No nos invisibilizan más. Nos nombramos, nos abrazamos, nos defendemos en comunidad.

Las personas migrantes/inmigrantes No cruzamos las fronteras solos. No valemos menos. Nos tejemos redes para vivir con dignidad.

Las personas indígenas o de diversas etnias y razas No somos estereotipos. No aceptamos el racismo. Nos fortalecemos desde nuestras raíces.

Marco Teórico

La formulación de un protocolo institucional para prevenir y sancionar el acoso, el abuso y toda forma de violencia basada en la identidad reconoce la centralidad de la dignidad humana como fundamento ético y jurídico. Este principio, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 1) y reafirmado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que toda persona merece un trato respetuoso, libre de humillaciones y amenazas, sin importar sexo, género, orientación sexual, origen étnico, nacional, social, edad, condición migratoria u otras condiciones.

Se incorpora un enfoque interseccional, reconociendo que las violencias no actúan de forma aislada. Las experiencias de exclusión se acumulan y amplifican en función de múltiples factores identitarios y estructurales. Como plantea Kimberlé Crenshaw, los sistemas de opresión se entrecruzan, generando vulnerabilidades específicas que exigen respuestas diferenciadas. Este enfoque ha sido recogido por organismos como la CEPAL y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la CIDH, en sus recomendaciones sobre políticas integrales.

La perspectiva incluye también el concepto de violencia estructural y simbólica (Bourdieu), entendido como aquel conjunto de prácticas institucionales, discursos y omisiones que perpetúan desigualdades sin requerir agresión directa. Esto se traduce en silenciamientos, infantilización, negación de voz o representación, y exclusión sistemática de personas en función de su identidad.

El protocolo se ancla en el principio de no discriminación, tal como lo establece la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, y más recientemente el Convenio 190 de la OIT, que reconoce el derecho de toda persona a un entorno laboral libre de violencia y acoso.

Asimismo, se incorpora el principio de territorialidad y adecuación cultural, reconociendo que las organizaciones regionales deben adaptar sus mecanismos de prevención, denuncia y reparación al contexto sociopolítico, jurídico y comunitario en que operan. Esto exige un diálogo continuo con saberes locales, marcos normativos nacionales y experiencias organizativas diversas.

Finalmente, el protocolo se sustenta en el deber de cuidado y la responsabilidad colectiva, afirmando que la construcción de espacios seguros y libres de violencia es una tarea de todas las personas involucradas en la organización. No se trata solo de sancionar, sino de prevenir, reparar y transformar.

1. Prevención institucional

• Implementar talleres periódicos sobre género, diversidad, antirracismo y derechos humanos en todos los niveles organizativos.
• Difundir campañas de sensibilización con énfasis en contextos regionales, con materiales inclusivos y representativos.
• Incorporar cláusulas antiacoso en estatutos, convenios y documentos de gestión, asegurando respaldo jurídico.

2. Canales de denuncia accesibles

• Establecer mecanismos seguros, confidenciales y diversos para recibir denuncias (presenciales, digitales, con opción de anonimato).
• Designar personas de referencia capacitadas y sensibilizadas, preferentemente con representatividad territorial y/o identitaria.
• Garantizar la protección de datos, el respeto a la voluntad de la persona afectada y la no revictimización en todo el proceso.

3. Procedimiento de abordaje y resolución

• Activar instancias de investigación interna con enfoque restaurativo, intercultural y centrado en la protección.
• Asegurar criterios de imparcialidad, plazos razonables, derecho a defensa y comunicación transparente de resultados.
• Implementar medidas reparadoras, sanciones proporcionales y estrategias de seguimiento cuando corresponda.

4. Cuidado y reparación

• Ofrecer acompañamiento emocional, jurídico y comunitario según las necesidades de la persona afectada.
• Promover espacios de contención colectiva y formación para transformar las dinámicas que sostienen las violencias.
• Impulsar procesos de memoria institucional para registrar aprendizajes y compromisos asumidos.

5. Adecuación territorial y cultural

• Adaptar todas las medidas al marco normativo, idiomático y comunitario local, reconociendo prácticas propias de resolución y mediación.
• Incorporar a organizaciones de base, liderazgos comunitarios y redes aliadas en el diseño y revisión del protocolo.
• Garantizar traducciones, interpretaciones y mediaciones culturales en contextos de diversidad lingüística o migratoria.

6. Seguimiento, evaluación y mejora

• Crear comités de seguimiento paritarios con participación de organizaciones aliadas.
• Realizar evaluaciones periódicas del protocolo, incorporando indicadores participativos y diagnósticos territoriales.
• Documentar buenas prácticas, nudos críticos y propuestas de mejora, fomentando su replicabilidad en la región.

• Activar protocolos diferenciados según tipo de conducta
• Derivar a referentes especializados cuando se requiera (jurídico, digital, emocional)
• Documentar cada caso en una plataforma segura con respaldo ético