Trabajadoras y Trabajadores a/en Domicilio en América Latina (2025-2026)

Resumen

El presente artículo analiza los avances y dificultades de las organizaciones de trabajadores a domicilio y en domicilio en América Latina durante el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026, un periodo signado por una triple convergencia: la ofensiva de reformas laborales regresivas en varios países de la región, la persistencia de tasas de informalidad cercanas al 47% según el Panorama Laboral 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la expansión acelerada del trabajo no tradicional. El estudio distingue entre los trabajadores a domicilio -en el sentido del Convenio 177 de la OIT, esto es, quienes elaboran productos o prestan servicios para un empleador desde su hogar- y los trabajadores en domicilio, categoría más amplia que abarca a trabajadores por cuenta propia, profesionales independientes y oficios tradicionales (plomeros, electricistas, gasfíteres, técnicos) que tienen su base operativa en el hogar. El trabajo examina casos paradigmáticos como la Ley Bases y la reforma laboral de Javier Milei en Argentina -incluyendo la eventual eliminación del monotributo que afecta a tres millones de personas-, la Ley 2466 de 2025 en Colombia, y las experiencias organizativas del sindicato UNIDAPP, HomeNet International, la Confederación Sindical de las Américas (CSA-TUCA) y las federaciones de oficios y profesiones. Se sostiene que, en un contexto de retroceso normativo, ambas modalidades de organización muestran resiliencia e innovación, pero enfrentan restricciones estructurales derivadas de la falta de ratificación del Convenio 177 de la OIT, la fragmentación sectorial, el debilitamiento de los regímenes de protección social para autónomos, la sobrecarga de cuidados no remunerados sobre las mujeres, la violencia de género que afecta de manera particular a las trabajadoras en domicilios ajenos y propios, y una concepción de la informalidad que, en contra de lo dispuesto por la Recomendación 204 de la OIT, prioriza la tributación sobre el reconocimiento previo de los derechos laborales. Palabras clave: trabajo a domicilio, trabajo en domicilio, trabajadores por cuenta propia, América Latina, reformas laborales, informalidad, Recomendación 204 OIT, género, cuidados no remunerados, violencia de género, sindicalismo, oficios, Convenio 177 OIT, monotributo, derechos laborales.

1. Introducción

El segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026 constituyen un periodo particularmente crítico para las organizaciones de trabajadores a domicilio y en domicilio en América Latina. Durante esta ventana temporal han convergido tres fenómenos que, lejos de ser independientes, se refuerzan mutuamente: una nueva ofensiva de reformas laborales regresivas en varios países de la región, la persistencia de tasas estructurales de informalidad que afectan a casi la mitad de la población ocupada, y la expansión acelerada del trabajo no tradicional -tanto del trabajo a domicilio dependiente como del trabajo autónomo realizado desde el hogar o con base en él. Esta triple convergencia configura un escenario inédito que demanda una reflexión rigurosa sobre el estado y las perspectivas de la organización colectiva de estos trabajadores. Una precisión conceptual resulta indispensable desde el inicio. La literatura especializada y los marcos normativos internacionales suelen distinguir entre el trabajador a domicilio, definido por el Convenio 177 de la OIT como quien trabaja para un empleador desde un lugar de su elección distinto al local de aquel, y el trabajador en domicilio, categoría analítica más amplia que comprende a quienes tienen su base operativa en el hogar sin que medie una relación de dependencia laboral: profesionales independientes, trabajadores por cuenta propia, oficios tradicionales como plomeros, electricistas y gasfíteres, y freelancer digitales. Ambas categorías comparten una característica estructural -la ejecución del trabajo desde el espacio doméstico o con base en él- pero presentan heterogeneidad en sus marcos jurídicos, sus formas organizativas y sus vulnerabilidades específicas. La pregunta que orienta este artículo puede formularse de manera directa: ¿cómo se están reconfigurando las organizaciones de trabajadores a y en domicilio en América Latina frente al retroceso de los derechos laborales y el aumento de la informalidad? Para responderla, se analiza la situación regional con especial énfasis en las experiencias organizativas que han emergido o se han fortalecido en los últimos meses, así como en los obstáculos estructurales que limitan su acción. El artículo se estructura en diez secciones: tras este apartado introductorio, se presenta el marco conceptual que distingue ambas modalidades; se examina el retroceso legal mediante reformas regresivas; se analiza el panorama de la informalidad y se cuestiona críticamente el propio concepto a la luz de la Recomendación 204 de la OIT; se estudian los avances organizativos de los trabajadores a domicilio; se aborda específicamente la situación de los trabajadores en domicilio (cuentapropistas, profesionales y oficios); se incorpora la dimensión de género -cuidados no remunerados, violencia y organización de las trabajadoras-; se identifican las principales dificultades transversales; y finalmente se ofrecen conclusiones y líneas de investigación futura.

2. Marco conceptual: el trabajo a domicilio y el trabajo en domicilio

El Convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 1996, define al trabajador a domicilio como aquella persona que elabora productos o presta servicios según las especificaciones del empleador, en un lugar de su elección que no sea el local del empleador, a cambio de una remuneración, independientemente de quién proporcione el equipo, materiales u otros insumos. Esta definición abarca realidades heterogéneas: el trabajo industrial a domicilio clásico (costura, ensamblaje, artesanía), el trabajo de cuidado realizado en hogares tercerizados, la maquila textil en talleres clandestinos o domicilios, y -en su acepción más contemporánea- el trabajo mediado por plataformas digitales que combina ejecución domiciliaria con desplazamientos urbanos, como es el caso de los repartidores de aplicaciones. En todos estos casos existe una relación de subordinación económica con un empleador que define las especificaciones del trabajo. El concepto de trabajador en domicilio, por su parte, se refiere a una categoría más amplia de trabajadores que tienen su base operativa en el hogar pero sin que medie una relación de dependencia laboral. Comprende a tres grandes grupos. En primer lugar, los trabajadores por cuenta propia y cuentapropistas en sentido estricto: vendedores ambulantes que operan desde casa, recicladores que almacenan materiales en su vivienda, pequeños comerciantes y productores. En segundo lugar, los profesionales independientes que trabajan desde su domicilio: abogados, contadores, diseñadores, programadores, redactores, traductores y consultores que prestan servicios a múltiples clientes sin relación de dependencia, fenómeno en expansión acelerada por la digitalización del trabajo. En tercer lugar, los oficios tradicionales -plomeros o gasfíteres, electricistas, técnicos en refrigeración, albañiles, mecánicos- cuya base operativa suele ser el hogar, desde donde coordinan desplazamientos a los domicilios de los clientes para ejecutar trabajos puntuales. Esta distinción no es meramente académica: tiene consecuencias jurídicas y organizativas decisivas. Mientras los trabajadores a domicilio del Convenio 177 comparten con los asalariados tradicionales la condición de subordinación -y por tanto, en principio, el derecho a la sindicalización convencional, la negociación colectiva y la protección social contributiva-, los trabajadores en domicilio autónomos se encuentran en una zona gris del derecho laboral. Sus formas de organización suelen ser cámaras profesionales, asociaciones gremiales de oficios, cooperativas de trabajo o mutuales, con marcos legales heterogéneos y frecuentemente insuficientes. En muchos países de la región, además, una proporción significativa de estos trabajadores opera en la informalidad pura, sin registro tributario ni previsional, lo que agrega una capa adicional de vulnerabilidad. América Latina presenta una particularidad alarmante en relación con el Convenio 177. Pese a que el trabajo a domicilio se ha expandido sostenidamente en la región -impulsado por la informalidad estructural, la terciarización de la producción y, más recientemente, la digitalización de los servicios-, a la fecha de 2025 solo trece países en el mundo habían ratificado el C177, y ninguno de ellos se encuentra en América Latina continental. Solo España, en 2022, lo ha hecho entre los países iberoamericanos. Esta situación, denunciada sistemáticamente por organizaciones como WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing) y HomeNet International, configura un vacío normativo que agrava la precariedad de millones de trabajadores y trabajadoras domiciliarias de la región. Para los trabajadores en domicilio autónomos, el vacío normativo es aún mayor: rara vez existen marcos específicos de protección social, formación profesional o seguridad y salud en el trabajo adaptados a su realidad. La Coordinadora Regional de Trabajadores en Domicilio de América Latina y el Caribe (COTRADO ALAC), articulada en el seno de HomeNet International -que a nivel global representa a más de 1,5 millones de trabajadores en 30 países-, ha llevado adelante desde 2023 una campaña continental por la ratificación del C177. Esta campaña ha ganado intensidad en los últimos meses, en paralelo al endurecimiento del clima laboral, pero los avances concretos en términos de ratificaciones siguen siendo nulos en la región. La persistencia de este déficit institucional constituye, como se verá, uno de los principales condicionantes de las posibilidades organizativas tanto de los trabajadores a domicilio como, indirectamente, de los trabajadores en domicilio autónomos que carecen de marcos protectores equivalentes.

3. El retroceso de los derechos laborales mediante leyes regresivas

3.1. Argentina: Ley Bases y reforma laboral de Milei

El caso argentino representa el ejemplo más extremo de regresión laboral en la región durante el periodo analizado. La Ley Bases y el paquete de reformas asociadas, complementados por la reforma laboral aprobada por el Congreso en la madrugada del 5 de junio de 2025, han introducido modificaciones sustanciales en el régimen de trabajo que debilitan décadas de conquistas sindicales. Entre las medidas más controvertidas figuran la posibilidad de extender la jornada laboral hasta doce horas, la reducción del poder de los sindicatos mediante el debilitamiento de los convenios colectivos sectoriales a favor de negociaciones individuales, y la modificación del régimen indemnizatorio. El informe del Centro CEPA sobre el primer año de vigencia de la Ley Bases documenta una caída del empleo registrado y un proceso acelerado de desarticulación de organismos estatales vinculados al control laboral. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en su momento, dejó sin efecto parte de la reforma, pero el gobierno apeló y logró su restablecimiento. Para las trabajadoras y trabajadores a domicilio, este contexto representa una doble amenaza: por un lado, la caída del empleo registrado empuja a más personas hacia modalidades informales o domiciliarias; por otro, el debilitamiento sindical reduce la capacidad de las organizaciones existentes para defender derechos en sectores donde ya eran frágiles.ueno

3.2. Colombia: la Ley 2466 de 2025 y sus ambivalencias

El caso colombiano presenta una complejidad distinta. La Ley 2466 de 2025, sancionada el 25 de junio de 2025, introduce una reforma profunda al Código Sustantivo del Trabajo que, a diferencia de la argentina, contiene elementos progresistas en materia de reconocimiento de derechos laborales de los trabajadores de plataformas digitales. El artículo 27 de la ley regula la seguridad social y los riesgos laborales de los trabajadores digitales de reparto, estableciendo por primera vez un marco específico para este sector que emplea a cientos de miles de personas en el país. Sin embargo, la implementación de la ley ha sido conflictiva y desigual. A meses de su sanción, la norma continúa sin reglamentación adecuada, y persisten fuertes diferencias entre las empresas de plataformas (Rappi, Uber, Didi, PedidosYa) y las organizaciones de trabajadores sobre el alcance real de los derechos reconocidos. El sindicato UNIDAPP, que agrupa a repartidores de aplicaciones, presentó en febrero de 2026 un pliego de reclamos que constituye la primera acción de este tipo contra una empresa de plataformas en Colombia. La experiencia colombiana muestra que incluso las reformas con contenido progresista pueden tener efectos limitados cuando la correlación de fuerzas locales y la resistencia empresarial bloquean su implementación efectiva.

3.3. Brasil, Chile y México: tendencias divergentes

En Brasil, el gobierno de Lula da Silva ha intentado revertir parcialmente la reforma laboral de 2017 heredada del gobierno de Temer, pero los avances han sido limitados por la correlación de fuerzas en el Congreso. En Chile, pese a las promesas de la campaña constituyente, las reformas laborales han avanzado lentamente y la informalidad sigue afectando a más del 30% de la fuerza de trabajo. El caso mexicano ofrece un contraste notable: mientras Argentina retrocede, México avanzó en 2025 hacia la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, una medida que el periodismo comparativo regional ha destacado como referencia progresiva en un continente donde predominan las reformas en sentido contrario. Esta divergencia ilustra que la tendencia regional al retroceso laboral no es homogénea, pero sí mayoritaria.

4. El aumento de la informalidad laboral: panorama 2025-2026

El Panorama Laboral 2025 de la OIT, publicado en diciembre de 2025, ofrece un diagnóstico que confirma las peores previsiones. Aunque la informalidad se redujo ligeramente en el primer semestre de 2025 al 46,7%, sigue siendo uno de los rasgos estructurales más persistentes de los mercados de trabajo latinoamericanos. La OIT estima que, bajo mediciones más amplias que incluyen el empleo no registrado y la subocupación, más del 56% del empleo en la región es informal. En México, supera el 55%; en Argentina, ronda el 44% incluso tras años de crecimiento económico; en los países latinoamericanos miembros de la OCDE (Chile, Colombia, Costa Rica y México), el 48% de los trabajadores se encuentra en empleo informal, según el informe de la OCDE publicado en octubre de 2025. Estas cifras tienen implicaciones directas para la organización de los trabajadores a domicilio. La informalidad no es solo una condición estadística, porque también representa un obstáculo material para la sindicalización, ya que los trabajadores sin relación laboral formal carecen de los cauces legales convencionales para la negociación colectiva, no aportan a la seguridad social, y frecuentemente ignoran la existencia de marcos normativos que podrían protegerlos. La expansión de la informalidad en sectores tradicionalmente formales -fenómeno documentado por la CEPAL y la propia OIT- empuja a más trabajadores hacia modalidades domiciliarias y de plataforma, donde las dificultades de organización se multiplican. Adicionalmente, la persistencia de la informalidad interactúa de manera perversa con las reformas laborales regresivas. Al debilitarse los marcos protectores del trabajo formal, los empleadores tienen menos incentivos para mantener relaciones laborales registradas, lo que acelera la migración hacia el trabajo informal y domiciliario. Este ciclo retroalimentado configura lo que algunos analistas han denominado una “trampa de informalidad regresiva”, de la cual resulta especialmente difícil salir sin intervenciones estatales decididas que, en el contexto político actual, parecen poco probables en la mayoría de los países de la región.

5. Crítica al concepto de informalidad y la R204 de la OIT

5.1. La Recomendación 204 y el enfoque de derechos

La Recomendación 204 de la OIT, adoptada en 2015 sobre la transición de la economía informal a la economía formal, constituye el marco normativo internacional más importante para abordar el fenómeno de la informalidad laboral. Su aporte central, frecuentemente ignorado por las políticas públicas latinoamericanas, es el de colocar el reconocimiento de los derechos en el centro de cualquier estrategia de formalización. La R204 establece explícitamente que la transición debe respetar, promover y realizar los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y que los Estados deben facilitar dicha transición integrando un enfoque de derechos que parta del reconocimiento previo de la condición de trabajador de quienes ejercen actividades en la economía informal. Este enfoque representa un giro paradigmático respecto a las políticas dominantes en la región. La R204 no concibe la formalización como un proceso administrativo de inscripción tributaria o previsional, sino como una trayectoria integral que comienza por el reconocimiento de las actividades informales como trabajo en sentido pleno. Solo a partir de ese reconocimiento inicial -que implica la admisión de que quien las realiza es un sujeto de derechos laborales- puede construirse un itinerario de formalización que garantice progresivamente el acceso a la protección social, la seguridad y salud en el trabajo, la libertad sindical y la negociación colectiva. La estrategia nacional uruguaya, recogida en el documento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asume explícitamente esta orientación: promover y proteger de manera efectiva los derechos humanos de todas las personas ocupadas en la economía informal como punto de partida.

5.2. La dialéctica invertida: tributación sin derechos

La práctica mayoritaria de los Estados latinoamericanos invierte esta lógica. Como ha documentado la literatura especializada, la política fiscal se relaciona con el empleo informal fundamentalmente a través del cobro de impuestos, generando incentivos perversos donde los trabajadores que se formalizan enfrentan cargas tributarias sin recibir a cambio una protección social efectiva. El monotributo argentino, los regímenes simplificados de Brasil, México y Chile, y los esfuerzos de fiscalización de la economía popular comparten una matriz común: asumen que la salida de la informalidad consiste en obligar a los trabajadores a tributar, sin garantizar previamente las condiciones materiales que hagan posible esa tributación. El resultado es una formalización precaria -cuando no una recaída en la informalidad por inviabilidad económica- y, lo que es peor, una deslegitimación del propio régimen tributario. Esta dialéctica invertida afecta de manera particular a los trabajadores en domicilio. La pretensión de cobrar impuestos a cuentapropistas, oficios y profesionales independientes que no cuentan con ingresos estables, que no disfrutan de licencias, aguinaldos, jubilación o cobertura de salud equiparable a la del trabajo asalariado, configura una exigencia jurídicamente válida pero materialmente injusta. La R204 advierte explícitamente contra este enfoque: la formalización no puede consistir en extender la obligación tributaria a quienes aún no acceden a los derechos. La pregunta política central -que este artículo plantea sin pretender resolver- es cómo reordenar la secuencia: primero reconocer, luego proteger, finalmente tributar. Las reformas laborales regresivas del periodo analizado avanzan precisamente en sentido contrario, puesto que reducen derechos, debilitan la protección social y, simultáneamente, intensifican la presión fiscal sobre los sectores más precarizados.

5.3. El reconocimiento previo como condición de posibilidad

El reconocimiento al que alude la R204 no es meramente una formalidad jurídica. Implica un cambio cultural profundo, dao que aceptar que la actividad de la costurera que cose en su casa, del gasfíter que repara cañerías a domicilio, del repartidor que trabaja para una plataforma, de la mujer que cuida a personas adultas mayores en su vivienda, es trabajo en sentido pleno, con todas las consecuencias que ello implica. Esta dimensión simbólica y cultural es la que las políticas públicas latinoamericanas suelen omitir, porque tratan a los trabajadores informales como contribuyentes potenciales o como sujetos de asistencia social, pero rara vez como trabajadores sujetos de derechos laborales. La consecuencia es la persistencia de un estatuto de ciudadanía laboral recortado para millones de personas, que se traduce en imposibilidad real de organizarse, de negociar colectivamente, de acceder a la justicia laboral y de gozar de protección social digna. La crítica al concepto de informalidad, desarrollada por autores como Robert Castel, Guy Standing y la tradición sociológica latinoamericana de la precariedad, cuestiona precisamente la naturalización de esta categoría. Lo que llamamos informalidad no es una característica intrínseca de ciertos trabajadores, sino el resultado de un régimen jurídico y económico que no reconoce como trabajo a una proporción significativa de las actividades productivas. La organización de los trabajadores a y en domicilio -en sus múltiples expresiones analizadas en este artículo- puede leerse, desde esta perspectiva, como una lucha por el reconocimiento: por ser nombrados como trabajadores, por ser tratados como tales y por acceder, en consecuencia, al conjunto de derechos que el estatuto del trabajo ha conquistado históricamente. Las reformas laborales regresivas del periodo, al debilitar precisamente ese estatuto, amenazan con vaciar de contenido el propio horizonte de la formalización.

6. Avances en la organización de trabajadores a domicilio

6.1. Trabajadores de plataformas: UNIDAPP y la nuevas formas sindicales

Uno de los avances organizativos más significativos del periodo ha sido la consolidación del sindicato UNIDAPP en Colombia, que agrupa a trabajadores de aplicaciones de reparto y transporte. La presentación formal de un pliego de reclamos en febrero de 2026, dirigido a una de las principales empresas del sector, marca un hito en la región: es la primera vez que una organización de trabajadores de plataforma plantea una negociación colectiva formal con la voluntad explícita de ejercer presión sindical. La acción ha generado resonancia regional y ha sido respaldada por la CSA, que reúne a más de 55 millones de trabajadores en las Américas. En otros países, los avances son más incipientes pero significativos. En Argentina, la organización de repartidores ha cobrado fuerza pese al clima hostil de la reforma laboral de Milei, con experiencias de articulación entre organizaciones territoriales y sindicales tradicionales. En Perú y Chile, los repartidores han logrado visibilidad pública mediante paros y movilizaciones que, sin embargo, no se han traducido aún en marcos normativos protectores. La heterogeneidad de estas experiencias refleja la diversidad de correlaciones de fuerza nacionales, pero también la innovación organizativa: los sindicatos de plataforma combinan estrategias tradicionales (paros, pliegos) con herramientas digitales (chats masivos, redes sociales) que les permiten coordinar acciones entre trabajadores dispersos geográficamente.

6.2. Trabajadoras de casa particular: avances en el cumplimiento del Convenio 189

Las trabajadoras de casa particular, modalidad central del trabajo a domicilio remunerado, han protagonizado avances significativos en Chile y Argentina. En Chile, la Subsecretaría del Trabajo publicó en septiembre de 2025 un Informe de Resultados sobre Trabajadores de Casa Particular que documenta avances en la formalización y en el cumplimiento del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras domésticas. Las estrategias sindicales de estas trabajadoras han sido objeto de análisis académico reciente, destacando su lucha contra la precariedad histórica del sector. En Argentina, pese al retroceso general del marco laboral, las organizaciones de trabajadoras de casas particulares han mantenido activos sus espacios de denuncia y acompañamiento, articulando con la CSA y con redes regionales de mujeres trabajadoras.

6.3. Costureras y maquileras: una tradición organizativa viva

La tradición organizativa de las costureras latinoamericanas, paradigmáticamente representada por el Sindicato 19 de Septiembre surgido en México tras el terremoto de 1985, continúa vigente en el periodo analizado. La persistencia del trabajo de maquila domiciliaria, frecuentemente en talleres clandestinos donde no media una relación laboral formal, mantiene vigente la necesidad de organización. Experiencias en México, Colombia y Centroamérica articulan el trabajo de organizaciones de base con redes internacionales como HomeNet International y WIEGO. Estas organizaciones han priorizado en los últimos meses la documentación de condiciones laborales, la incidencia en políticas públicas y la formación en derechos laborales de las trabajadoras.

6.4. Redes regionales: HomeNet International y CSA

La articulación regional de las organizaciones de trabajadores a domicilio ha experimentado un salto cualitativo en el periodo. HomeNet International, lanzada formalmente en febrero de 2021, ha consolidado su presencia en América Latina mediante la creación de un frente regional unido que aglutina a organizaciones de costureras, recicladoras, trabajadoras de casa particular y vendedoes ambulantes. La campaña global por la ratificación del C177, iniciada en octubre de 2023, ha sido intensificada en los últimos meses con actividades coordinadas en al menos ocho países de la región. Por su parte, la CSA publicó en septiembre de 2025 un boletín especial sobre Inteligencia Artificial y Trabajo en América Latina que incluye análisis sobre el impacto de la automatización en el trabajo a domicilio y de plataforma. La CSA articula su acción con la Confederación Sindical Internacional (CSI), cuyo Índice Global de los Derechos 2025, presentado en junio de 2025 en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, ofrece un panorama regional que será analizado en la siguiente sección. Esta articulación entre redes específicas de trabajadoras domiciliarias y las grandes centrales sindicales continentales constituye una de las estrategias más promisorias para superar la fragmentación histórica del sector.

7. Trabajadores en domicilio: cuentapropistas, profesionales y oficios

7.1. Magnitud y heterogeneidad del trabajo autónomo en domicilio

El Panorama Laboral 2025 de la OIT confirma que el trabajo por cuenta propia es uno de los segmentos de mayor crecimiento en la región: mientras el total de ocupados creció un 1,3% en el primer semestre de 2025, el aumento del total de asalariados y del total de trabajadores por cuenta propia fue del 1,6%, superior al promedio regional. Este crecimiento no es homogéneo, porque incluye desde profesionales independientes con altos ingresos y calificación, hasta oficios tradicionales precarizados y trabajadores informales que sobreviven en la economía popular. Lo que los une es la base operativa domiciliaria y la ausencia de relación de dependencia laboral, dos características que los diferencian tanto del trabajo asalariado clásico como del trabajo a domicilio del Convenio 177. La mitad de los ocupados en América Latina y el Caribe se encuentra en situación de informalidad, y dentro de este universo los trabajadores por cuenta propia constituyen uno de los grupos más numerosos. Sus formas de organización son extremadamente diversas: cooperativas de trabajo, cámaras de oficios, asociaciones profesionales, mutuales, sindicatos de trabajadores autónomos y, cada vez más, organizaciones territoriales de la economía popular. La CSA ha documentado en su mapeo sobre estrategias de transición a la formalidad la existencia de organizaciones que afilian a trabajadores por cuenta propia y profesiones u oficios, como la Federación Nacional de Vendedores y otras experiencias similares en la región.

7.2. Profesionales independientes y freelancers: la nueva precariedad digital

El fenómeno del trabajo freelance o autónomo digital ha experimentado una expansión acelerada en América Latina. Estudios recientes indican que en la región el 52,5% de los freelancers son hombres y el 47,5% mujeres, una composición relativamente equilibrada que contrasta con la fuerte feminización del trabajo a domicilio tradicional. Estos trabajadores -programadores, diseñadores, redactores, traductores, consultores, community managers- suelen operar desde su domicilio conectándose con clientes a través de plataformas globales como Upwork, Workana o Freelancer, o mediante redes profesionales propias. Si bien algunos alcanzan niveles de ingresos altos, la mayoría enfrenta precariedad salarial, ausencia de protección social, falta de cobertura por accidentes de trabajo y una vulnerabilidad específica ante la inteligencia artificial que amenaza con desplazar portions significativas de su mercado. Las organizaciones de profesionales independientes han sido tradicionalmente cámaras o colegios profesionales con escasa función reivindicativa. Sin embargo, en los últimos meses han emergido experiencias novedosas de articulación: en Argentina, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Autónomos y Cuentapropistas (UTAC) ha ganado visibilidad oponiéndose a las políticas del gobierno de Milei; en Chile y Uruguay, colectivos de diseñadores y programadores han comenzado a organizar acciones conjuntas por derechos de seguridad social. La CSA, en su boletín de septiembre de 2025 sobre Inteligencia Artificial y Trabajo, dedica un apartado específico al impacto de la IA sobre estos trabajadores, anticipando que la automatización podría afectar gravemente sus ingresos en los próximos años.

7.3. Oficios tradicionales: gasfíteres, electricistas y técnicos

Los oficios tradicionales -plomeros o gasfíteres, electricistas, técnicos en refrigeración y climatización, albañiles, mecánicos automotrices- representan un universo amplio y heterogéneo de trabajadores que en su gran mayoría operan con base en el domicilio, ya sea desde un taller instalado en la vivienda o coordinando desde allí los desplazamientos a los clientes. Su relevancia económica es creciente: en varios países de la región se ha documentado una crisis de oficios, con escasez de plomeros, electricistas y técnicos que contrasta con la sobreoferta de profesionales universitarios. Esta paradoja -alta demanda, buenos ingresos potenciales, pero envejecimiento de la fuerza de trabajo y escasa reposición generacional- configura un problema estructural que ha comenzado a ser atendido por políticas de formación técnica, pero que aún no ha sido abordado desde la dimensión organizativa. Las formas de organización de estos oficios son típicamente gremiales: cámaras de comercio o asociaciones de maestros de obra, federaciones de oficios, colegios profesionales en los casos donde la regulación los exige (como los electricistas matriculados o los gasfíteres certificados). Estas organizaciones cumplen funciones de registro, certificación, defensa gremial y formación, pero rara vez asumen funciones de negociación colectiva o de protección social de sus afiliados. En el contexto de las reformas laborales regresivas, su debilidad organizativa se vuelve problemática, puesto que los oficios tradicionales se encuentran entre los principales afectados por la caída del empleo registrado y por la desregulación de la seguridad social. La articulación entre estas organizaciones gremiales tradicionales y las centrales sindicales continentales como la CSA es incipiente y constituye uno de los desafíos organizativos más relevantes del periodo.

7.4. La amenaza sobre el monotributo argentino y los regímenes de autónomos

Un caso paradigmático de la ofensiva contra los trabajadores en domicilio autónomos es el del monotributo argentino. Durante los últimos meses de 2025 y principios de 2026, el gobierno de Javier Milei evaluó públicamente la eliminación del régimen simplificado tributario y previsional del monotributo, que actualmente ampara a aproximadamente tres millones de personas. El traslado de estos contribuyentes a regímenes más caros y con mayores exigencias -autónomos plenos o asalariados- representaría un golpe devastador para cientos de miles de cuentapropistas, profesionales independientes y oficios que operan desde el domicilio con ingresos modestos pero formales. La medida, exigida por el Fondo Monetario Internacional como parte de las condicionalidades del programa financiero, ha generado una movilización inusual de organizaciones de monotributistas que tradicionalmente no habían tenido presencia en el debate público. La experiencia argentina del monotributo no es aislada, puesto que regímenes similares de tributación simplificada para pequeños contribuyentes autónomos existen en Brasil (Simples Nacional), México (RIF), Chile (régimen de pequeños contribuyentes) y otros países de la región. En todos estos casos, los trabajadores en domicilio autónomos enfrentan amenazas similares, por el hecho de que la presión fiscal los empuja hacia la informalidad, las reformas laborales reducen los márgenes de formalización voluntaria, y la ausencia de organizaciones representativas potentes limita su capacidad de respuesta. La articulación regional entre organizaciones de cuentapropistas es aún más incipiente que la de los trabajadores a domicilio, y constituye una de las principales asignaturas pendientes del movimiento sindical latinoamericano.

8. La dimensión de género: cuidados, violencia y organización

8.1. La sobrecarga de cuidados no remunerados

Cualquier análisis de los trabajadores a y en domicilio en América Latina que omita la dimensión de género es estructuralmente incompleto. La organización del trabajo domiciliario -tanto en su modalidad dependiente como autónoma- está profundamente marcada por la división sexual del trabajo y por la sobrecarga de cuidados no remunerados que recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Según datos de la OIT, en América Latina las mujeres dedican entre 6,3 y 29,5 horas semanales más que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, una brecha que limita severamente sus posibilidades de participación en el mercado laboral remunerado, de organización sindical y de desarrollo profesional. Esta desigualdad estructural es la matriz que configura el propio surgimiento del trabajo a domicilio como modalidad femenina, donde las mujeres combinan labores productivas con responsabilidades de cuidado en el mismo espacio físico. El trabajo a domicilio histórico -costura, ensamblaje, maquila textil, artesanía- surgió precisamente como una estrategia femenina para conciliar la generación de ingresos con el cuidado de hijos, personas adultas mayores y enfermos, en ausencia de servicios públicos de cuidado. La expansión contemporánea del teletrabajo, el trabajo freelance digital y el trabajo de plataforma reproduce esta matriz, porque en estas modalidades las mujeres profesionales que trabajan desde casa lo hacen frecuentemente asumiendo simultáneamente el cuidado de menores, mientras que los hombres que desempeñan las mismas actividades suelen disfrutar de un espacio doméstico libre de responsabilidades de cuidado durante la jornada laboral. Esta brecha, documentada por múltiples estudios de la CEPAL y de ONU Mujeres, configura una desigualdad de partida que ninguna reforma laboral puede ignorar sin reproducir sesgos patriarcales.

8.2. Violencia de género y trabajo en domicilio

La violencia de género constituye una dimensión especialmente urgente del análisis. América Latina registra algunas de las tasas más altas del mundo de feminicidio. Según la CEPAL, al menos 19.254 femicidios se han contabilizado en los últimos cinco años en la región, y se estima que el 22,8% de las mujeres de 15 a 49 años que han estado alguna vez en pareja ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, según datos de ONU Mujeres actualizados a 2023. El Observatorio de Feminicidios de Colombia registró 427 feminicidios y 256 tentativas solo en el primer semestre de 2025. En Argentina, un feminicidio ocurre cada 36 horas según datos de la Corte Suprema, y en la provincia de Buenos Aires se documentaron tres mujeres asesinadas cada 15 días durante 2025. Para las trabajadoras a y en domicilio, esta violencia se manifiesta de formas específicas. Las trabajadoras de casa particular se exponen cotidianamente a riesgos de acoso sexual, violencia física y tratos degradantes por parte de empleadores en hogares ajenos, con frecuencia sin testigos y sin mecanismos efectivos de denuncia. Las trabajadoras a domicilio industriales (costureras, maquileras) sufren violencia económica -pagos inferiores al mínimo, exigencias de productividad incompatibles con la salud- y, en muchos casos, violencia doméstica que se superpone a la explotación laboral, en un contexto donde el hogar es simultáneamente lugar de trabajo y de riesgo. Las profesionales independientes y freelancer que trabajan desde casa enfrentan violencia digital, acoso en plataformas y, en casos extremos, acoso de clientes o empleadores que conocen su dirección domiciliaria. Las reformas laborales regresivas, al debilitar la inspección del trabajo y los mecanismos de denuncia, agravan estas vulnerabilidades.

8.3. Sistemas de cuidados y políticas públicas: avances y retrocesos

Frente a esta situación, los sistemas integrales de cuidados han emergido en la región como una respuesta política clave. Uruguay pioneramente con su Sistema Nacional de Cuidados (SNC), Argentina con el proyecto Cuidar en Igualdad y la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidado (SINCA) en 2022, y Chile con avances parciales en la misma dirección, han comenzado a construir infraestructura social -servicios de cuidado infantil, atención a personas adultas mayores, apoyo a personas con discapacidad- que constituye la condición material para la igualdad de género en el mercado laboral. Sin embargo, el periodo analizado está marcado por la tensión consistente en que mientras estos sistemas avanzan en algunos países, las reformas laborales regresivas y las políticas de ajuste fiscal amenazan con detener o revertir su desarrollo. En Argentina, el gobierno de Milei ha reducido drásticamente el presupuesto destinado a políticas de cuidado, lo que se traduce en una mayor sobrecarga para las mujeres y en una dependencia aún mayor del trabajo domiciliario femenino como estrategia de supervivencia. La articulación entre las organizaciones de trabajadoras a y en domicilio y los movimientos feministas ha ganado intensidad en los últimos meses. La consigna ¿nos cuidamos entre nosotras?, que recorre las experiencias de costureras, recicladoras y trabajadoras de plataforma, sintetiza un modelo organizativo que combina la defensa de derechos laborales con la construcción de redes de apoyo mutuo frente a la violencia machista y la sobrecarga de cuidados. La CSA ha integrado en su agenda regional la demanda por sistemas integrales de cuidados, articulándola con la lucha por la ratificación del Convenio 177 y con la crítica al concepto de informalidad. Esta convergencia entre la agenda laboral clásica y la agenda feminista constituye una de las innovaciones políticas más significativas del periodo, y anticipa la posibilidad de un sindicalismo renovado que asuma la integralidad de las experiencias de las trabajadoras.

9. Dificultades y desafíos para la organización

El Índice Global de los Derechos 2025 de la CSI, presentado en junio de 2025, documenta un deterioro sistemático de los derechos sindicales en el mundo. El informe señala que los derechos a la huelga, a la negociación colectiva y a establecer o afiliarse a un sindicato se vulneran en el 93% de los países evaluados. El derecho al registro legal de sindicatos se ha visto obstaculizado en el 75% de los países, un aumento respecto al 74% registrado en 2024. América Latina no escapa a esta tendencia: el informe documenta casos de criminalización de la protesta, represión a dirigentes sindicales y obstáculos administrativos al registro de organizaciones, particularmente en contextos de gobiernos que impulsan reformas laborales regresivas. La falta de ratificación del Convenio 177 de la OIT en América Latina continental constituye una segunda dificultad estructural. Sin un marco normativo internacional ratificado, los trabajadores a domicilio carecen de una herramienta jurídica vinculante para exigir derechos básicos: reconocimiento de la relación laboral, protección social, salarios mínimos aplicables, y seguridad y salud en el trabajo. Las organizaciones han hecho de la ratificación del C177 una bandera central, pero los gobiernos de la región han sido sistemáticamente refractarios, argumentando desde la supuesta incompatibilidad con marcos nacionales hasta la presión de sectores empresariales que se benefician de la flexibilidad del trabajo domiciliario no regulado. Una tercera dificultad es la heterogeneidad y fragmentación sectorial del trabajo a domicilio. Las trabajadoras de casa particular, los repartidores de aplicaciones, las costureras de maquila, las recicladoras y las trabajadoras de cuidado compartieron una condición común -la ejecución del trabajo fuera del local del empleador- pero enfrentan realidades normativas, organizativas y culturales distintas. La articulación entre sindicatos formales tradicionales y las nuevas organizaciones de trabajadores informales o de plataforma es técnicamente compleja y políticamente tensionada, especialmente cuando los marcos legales nacionales no reconocen a estos últimos como sujetos plenos del derecho sindical. Finalmente, el subregistro y la dispersión geográfica del trabajo a domicilio representan un desafío organizativo y metodológico. A diferencia del trabajo industrial concentrado en grandes unidades productivas, el trabajo domiciliario se distribuye en miles de hogares y talleres pequeños, lo que dificulta la afiliación, la comunicación y la movilización. Las herramientas digitales han aliviado parcialmente este problema, pero la brecha digital y las desigualdades de acceso a tecnología limitan su alcance, especialmente entre trabajadoras de mayor edad y en zonas rurales o periurbanas.

10. Conclusiones

El análisis del segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026 revela una paradoja central en el panorama de las organizaciones de trabajadores a y en domicilio en América Latina. En un contexto de retroceso legal, aumento de la informalidad, sobrecarga femenina de cuidados no remunerados y persistencia de la violencia de género, estas organizaciones muestran notable resiliencia e innovación organizativa: surgen nuevos sindicatos como UNIDAPP, se fortalecen redes regionales como HomeNet International y CSA, se mantienen vivas tradiciones organizativas como las de las costureras, emergen experiencias inéditas de articulación de cuentapropistas, profesionales independientes y oficios tradicionales que comienzan a organizarse frente a amenazas como la eliminación del monotributo, y se consolida la convergencia entre la agenda laboral y la agenda feminista. Sin embargo, estas dinámicas positivas chocan con restricciones estructurales -falta de ratificación del C177, criminalización documentada por la CSI, fragmentación sectorial, subregistro, vacío normativo para autónomos, persistencia de la división sexual del trabajo, política fiscal que invierte la lógica de la Recomendación 204- que limitan su capacidad transformadora. El caso colombiano demuestra que incluso las reformas con elementos progresistas pueden tener efectos limitados sin una correlación de fuerzas favorable y sin marcos internacionales ratificados que las respalden. El caso argentino ilustra los efectos deletéreos de las reformas regresivas sobre sectores ya precarizados, tanto en el trabajo a domicilio como en el trabajo autónomo en domicilio, donde la amenaza sobre el monotributo anticipa una nueva ola de informalización forzada. La divergencia entre estas trayectorias nacionales sugiere que el futuro de la organización de los trabajadores a y en domicilio en la región dependerá, en buena medida, de la capacidad de articulación entre organizaciones nacionales, redes regionales y los marcos internacionales de la OIT. La ratificación del Convenio 177 emerge como una condición necesaria, aunque no suficiente, para avanzar hacia un escenario de mayor justicia social en este sector. Es igualmente urgente el desarrollo de marcos normativos regionales específicos para los trabajadores en domicilio autónomos, que reconozcan su particularidad y garanticen protección social, formación profesional y derechos de organización. La implementación efectiva de la Recomendación 204 de la OIT exige un reordenamiento de las políticas públicas latinoamericanas: reconocimiento previo de los trabajadores informales como sujetos plenos de derechos laborales, antes que presión tributaria sobre sectores precarizados. La construcción de sistemas integrales de cuidados en toda la región -siguiendo las experiencias uruguaya y argentina- constituye una condición material indispensable para la igualdad de género en el trabajo a y en domicilio, y para la posibilidad misma de organización de las trabajadoras. Líneas futuras de investigación deberían profundizar en el análisis comparativo de las estrategias organizativas exitosas, en el impacto real de reformas como la Ley 2466 colombiana, en las experiencias emergentes de organización de cuentapropistas y oficios, en la articulación entre agendas laborales y feministas, en las posibilidades de aplicación efectiva de la R204 en contextos de regresividad fiscal, y en las formas organizativas que asuman la integralidad de las experiencias de las trabajadoras frente a la violencia de género.